Ley de dependencia, un nuevo gran yacimiento de empleo

 

La entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2007, de la Ley de Dependencia ha disparado hasta el 95% las previsiones de crecimiento del sector de atención sociosanitaria.

En España, casi 1,2 millones de personas padecen una dependencia severa y 1,6 millones precisan de algún tipo de ayuda que, en su mayor parte, ha venido recayendo en la familia, especialmente en las mujeres, el 83%. Sólo el 6,5% de los dependientes, cuidados por sus familias, reciben alguna ayuda pública.

Una ley como esta es necesaria en cualquier país en el que se quiera presumir de Estado del Bienestar, pero mucho más si tiene los alarmantes indicadores sociales que tiene España. Los cambios demográficos y sociales han provocado un aumento de la población en situación de dependencia. En el año 2005 había más de 7,3 millones de personas mayores de 65 años. También, está aumentando la esperanza de vida que ya se sitúa en 85 años para las mujeres y en 78 para los hombres y se da el fenómeno de “envejecimiento del envejecimiento” (aumento de la población mayor de 80 años). Además, debemos tener en cuenta que el 9% de la población presenta una discapacidad con algún tipo de dependencia en su vida diaria según la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud de 1999.

Un dato preocupante en un estado europeo es que hasta ahora las familias, especialmente las mujeres, han ido asumiendo el cuidado de estas personas dependientes, pero los cambios en los modelos de familia y la incorporación de la mujer al trabajo exigen la revisión del modelo tradicional.

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia establece el derecho de todas las personas que no pueden valerse por sí mismas en la vida cotidiana -dependientes- a recibir atención pública.

La ley tiene previsto crear un Sistema Nacional de Dependencia, una especie de paraguas que pretende recoger todos los servicios que se pondrán a disposición de las personas con discapacidad. Entre ellos, la teleasistencia, los centros de día, la ayuda a domicilio y las residencias. Para poder cubrir todas las necesidades es necesario crear una amplia red de servicios. Antes de la ley, sólo el 6,5% de las familias que cuidan a una persona dependiente recibe ayudas sociales, según el Libro Blanco de la Dependencia.

La realidad impone que el sistema se esté implantado de forma gradual. Primero se ha comenzado por atender a las personas con mayor discapacidad. En 2008 se pretende que ya haya 300.000 beneficiaros y un gasto de 1.357 millones.

Desde 2007 hasta 2015 (cuando se prevén 1.373.000 beneficiarios), la Administración Central aportará 12.638 millones de euros para la atención a la dependencia y las comunidades, otro tanto, según el Ministerio de Trabajo.

A partir de ese año, el coste del sistema supondrá algo más del 1% del PIB. Estas cifras indican que en 2015, cada beneficiario de la ley costará a las arcas públicas 375€ mensuales.

Uno de los grandes logros de esta ley es que se amplían las ayudas económicas. Se concederá una prestación económica cuando no se pueda proporcionar atención pública para que la persona la contrate de forma privada. También, la ley contempla uno de los grandes avances sociales que esperemos se lleve a cabo, que los cuidadores familiares reciban un sueldo y se den de alta en la Seguridad Social.

La ley se sustenta sobre tres pilares fundamentales: el carácter universal y público de las prestaciones, el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y la participación de todas las administraciones en el ejercicio de sus competencias.

Cualquier español que necesite ayuda para sus actividades básicas por su discapacidad tiene derecho a recibir asistencia, y que haya vivido cinco años en España, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. También los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España podrán optar por la asistencia. Antes de recibir las ayudas, el futuro beneficiario deberá someterse a una valoración de su dependencia para que se reconozca su derecho como dependiente. Un órgano de valoración medirá su situación de acuerdo con un baremo estatal. Con ello se hará a un programa individual de atención donde se fijarán los servicios que necesite.

Los usuarios de este Sistema Nacional de Dependencia tendrán derecho a un catálogo de servicios con arreglo a su programa individual de atención: teleasistencia (ahora sólo tres de cada 100 mayores de 65 años disponen de ella), ayuda a domicilio (sólo está cubierto el 3,5% de los mayores), centros de día (una prestación casi inexistente, a la que tiene acceso un 0,54% de los mayores) o de noche, además de residencias (ahora existen 272.000 plazas, de las que 196.000 son privadas).

El Libro Blanco de la Dependencia apunta que la nueva ley de asistencia supondrá la creación de unos 300.000 empleos directos. La puesta en marcha de la Red de centros y servicios del SAAD requerirá de nuevos profesionales con diferentes perfiles ya bien sean profesionales de cuidados y atención personal directa de usuarios: cuidadores con conocimientos de geriatría, discapacidad y auxiliares de enfermería; profesionales de alta especialización como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de enfermería, animadores, etc.; profesionales de tareas de hostelería en establecimientos residenciales y centros de día como camareros-limpiadores, personal de cocina y lavandería, etc.; profesionales de tareas de mantenimiento técnico de centros y servicios, personal de transporte, vigilantes, ordenanzas, etc.; y, evidentemente, profesionales de gestión y administración de centros y programas como Gerentes, Administrativos, etc.

Si repartimos los puesto de trabajo por categorías que especifica le ley, se crearán 112.000 empleo en centros residenciales, 21.000 en centros de día, 112.000 en ayuda al domicilio, 11.000 en asistentes personales y 8.000 en teleasistencia.

Es una oportunidad de empleo y crecimiento profesional, pero no sólo por la creación de empleos, y por el crecimiento económico que generará en el país ya que supondrá el nacimiento de una gran cantidad de empresas del sector sociosanitario, muchas de propiedad pública, pero otras muchas de titularidad privada ya que la ley quiere fomentar el concierto con empresas privadas y de economía social, si no porque va a contribuir al empleo de calidad, al que se refiere en el propio articulado de la ley.

El nuevo Sistema mejorará el empleo porque se recoge explícitamente la obligación de que el empleo que se genere ha de ser de calidad (artículo 35 de la Ley), porque ayudará a mejorar las condiciones de los trabajadores de este sector, que anteriormente estaba muy poco estructurado, todos los profesionales del Sistema deberán estar debidamente formados y cualificados para desempeñar su trabajo, además contribuirá a aflorar el empleo sumergido que se daba en el sector y porque los familiares que excepcionalmente opten por cuidar directamente a las personas dependientes estarán dados de alta en la Seguridad Social.

Esta ley es una oportunidad tanto para las personas dependientes y sus familias, como para todos aquellos que sueñan con dedicarse a profesiones de tanto calado social como son los trabajadores sociales, los ayudantes de enfermería, los auxiliares de geriatría, auxiliares de ayuda al domicilio, etc…

Además de 300.000 empleos directos, esta ley puede conllevar la creación de de 150.000 empleos indirectos, afloración de unos 80.000 empleos procedentes del empleo sumergido e incorporación al mercado de trabajo de parte de los actuales cuidadores familiares. Esto supondrá la creación total de unos 550.000 empleos hasta el 2010.

Para que la implantación de la ley tenga éxito y España esté entre los países con mayor grado de bienestar social es necesario un plan de formación para estos nuevos profesionales.

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